Libertad de conciencia.

En la introducción a su libro Izquierda y derecha, Norberto Bobbio aventura que ambas posturas políticas se caracterizan por tener una concepción distinta del binomio, a mi juicio inseparable, libertad/igualdad. Según él, mientras que para la derecha, especialmente la llamada derecha liberal, debe primar la libertad, la izquierda tiene como valor supremo la igualdad.

Como muchos de vosotros sabeis, esta pugna entre valores inseparables ha encontrado en España un campo de batalla propicio en la educación, concretamente en lo que se ha dado en llamar educación en valores. Después de varias décadas de adoctrinamiento cristiano en las escuelas, y tras superar la situación de compromiso de poder elegir como alternativa a la enseñanza religiosa reglada la asignatura de ética, ambas evaluables, que tenía mi generación, el compromiso de los sectores más progresistas (que creo que trascienden más diferencias ideológicas de lo que podría parecer a simple vista, pese a los intereses partidistas de unos y otros) de la sociedad española con una educación moral de carácter universal, laica e inspirada en los principios de la constitución española y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ha topado con el rechazo radical de una derecha que, declarándose centrista, reformista y liberal, no pasa de ser en ese tema más que el vocero de la derecha más rancia y reaccionaria. Así, en las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. sufrimos una campaña de desprestigio, que roza el sabotaje, de la asignatura de educación para la ciudadanía en defensa, supuestamente, de la libertad de conciencia y del derecho de los padres en decidir qué valores morales son transmitidos a sus hijos. Pero, ¿qué significa para la derecha española esa libertad de conciencia? Os pondré un ejemplo reciente que no deja lugar a dudas.

El distrito de Villaverde, en Madrid, tiene una de las poblaciones de inmigrantes y gitanos más numerosas de toda la ciudad, pero también fue una de las zonas que, por su cercanía con el centro de la capital y sus buenas comunicaciones, sufrió en los últimos años un mayor crecimiento urbanístico y demográfico, de modo que actualmente esa población "histórica" convive, convenientemente separados por todas las barreras sociales que os podais imaginar, con un importante contingente de habitantes de clase social y formación media-alta.

Ocurre que en Villaverde hay dos colegios, muy cercanos entre sí, de características desiguales. El más antiguo, el Cristóbal Colón, pese a que ha sido varias veces reformado, se ha quedado pequeño para acoger todas las solicitudes de plazas, que exceden en unas 130 las 300 plazas disponibles. El otro centro, el San Roque, es un colegio amplio y moderno en el que sólo estaban ocupadas unas 210 plazas de las 500 disponibles. ¿Por qué hay exceso de solicitudes en un colegio mientras en el otro sobran más de la mitad de las plazas? Porque de las 210 plazas ocupadas en el colegio San Roque el 80% lo está por alumnos de etnia gitana. Haciendo uso de su libertad de conciencia, los padres del colegio Cristóbal Colón no desean que sus hijos convivan con niños gitanos, así de simple y meridiano. ¿Y qué decisión ha tomado la muy liberal Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid? Trasladar a todos los alumnos y el personal docente del colegio San Roque al colegio Cristóbal Colón y viceversa, para atender así a los requerimientos ideológicos de los padres del colegio Cristóbal Colón.

Evidentemente, es comprensible que, con ejemplos como éste, al P.P. madrileño le sobre una asignatura llamada educación para la ciudadanía en la que se enseñe que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros o que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ni por supuesto que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, que si un padre no sólo cree que sus hijos no deben mezclarse con una determinada minoría étnica o grupo social, sino que exige que esa pretensión sea satisfecha por los poderes públicos, estos deben, o al menos así lo entiende el P.P. madrileño, en amparo al ejercicio al derecho de libertad de conciencia, poner todos los medios para satisfacerla, aún a costa de los propios derechos y libertades de los ciudanos que han salido desfavorecidos por la misma. Eso, creo, se llama prevaricación.

Pero, sobre todo, resulta preocupante que, más allá de las disputas políticas entre partidos, haya en España gobiernos autonómicos que actúen con el autoritarismo y la arbitrariedad que ha mostrado la Comunidad de Madrid en este asunto. Una forma de actuar que recuerda tiempos pasados que creíamos que nunca volverían a reproducirse, y cuyos métodos rozan en algunos casos lo delictivo. La última lindeza ha sido la amenaza, por parte de la Consejería de Educación, de denunciar ante la fiscalía de menores a los padres gitanos que se niegan a reincorporar a sus hijos al colegio hasta que les devuelvan el centro que habían ocupado hasta el curso pasado.
Más información:
Revuelta en el colegio San Roque por el traslado del alumnado gitano.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Constitución española.